religión y estado en la españa del siglo xvi

A inicios del siglo XX, la Iglesia católica no contemplaba en el horizonte graves modificaciones en su situación privilegiada. Pese a las desamortizaciones y revoluciones liberales del siglo XIX, el estado confesional había sido intacto. La Restauración de la monarquía borbónica, desde 1875, le abrió nuevos caminos de poder popular y también predominación y la aristocracia terrateniente y las buenas familias de la burguesía brindaron nuevos impulsos al renacimiento católico con varias donaciones de inmuebles y rentas a las congregaciones religiosas.

Caricatura sobre el papel de la Iglesia en el carlismo. Gaceta La Flaca de 1869.

el origen del inconveniente espiritual

La situación de la península consigue su máximo deterioro desde 1808. No es tanto una crisis política lo que se vive desde de entonces como una asoladora crisis de legitimidad. La dinastía borbónica está fuera del país, retenida por Napoleón y también invalidada para reclamar el poder por la obligada abdicación de Fernando VII, por lo menos desde un criterio formal. José Bonaparte, en el otro radical, es respondido por la mayor parte de los españoles, exasperados por la invasión y por el accionar de las tropas francesas en la conducción de la guerra. Parecía precisa una solución de urgencia para agradar ese vacío y la convocatoria de unas Cortes se presentaba como entre las pocas vías de acción. En Cádiz se procuró lograr de esta forma un convenio entre españoles de las distintas tendencias para detallar instituciones capaces de terminar con el desgobierno y, al fin y al cabo, reconstruir el poder político en España, interrumpido y desarticulado en los primeros años del siglo XIX. La tarea de los miembros del congreso de los diputados gaditanos era siempre fundacional: no solo debían argumentar pues adoptaban cierta forma de gobierno, ciertas instituciones, sino más bien asimismo argumentar qué títulos les acreditaban para esto. Fue el ineludible recurso a la historia como fuente de legitimidad de su tarea lo que abrió el sendero a fin de que, adjuntado con las interpretaciones del pasado, la religión estuviera de nuevo que se encuentra en las deliberaciones políticas: la acumulación de mitos que desde hace tiempo había predeterminado un nexo fundamental entre España y el catolicismo logró que, salvo extrañas salvedades, los miembros del congreso de los diputados no percibieran diferencias entre charlar del pasado y charlar de la fe. Como el poder que deseaban instaurar en España no podía desentenderse de la historia, tampoco podía llevarlo a cabo del catolicismo. Aquí, precisamente aquí, empieza el inconveniente espiritual en España, el inconveniente espiritual en los términos en los que quieren resolverlo la República y Azaña.

Si bien corto, la discusión del producto 12 de la Constitución de Cádiz dejó establecidas las primordiales situaciones sobre las relaciones entre el catolicismo y el Estado que perdurarían a lo largo de los 2 siglos siguientes hasta llegar a los nuestros días. En una redacción inicial, establecía que “La Nación de españa profesa la religión católica, apostólica, romana, única verídica, con exclusión de cualquier otra.” Pero la presión de los miembros del congreso de los diputados ultramontanos, que consideraban esta fórmula deficiente pues se limitaba a admitir un hecho, a constatar el sentido sociológico incluido en la afirmación de que España es católica, forzó a añadir una exclusiva predisposición en el producto que reforzase el carácter normativo del orden constitucional, esto es, que reivindicara el sentido político de aquella afirmación. El resultado fue una regla en cierta forma extravagante, que rechazaba la independencia religiosa al unísono que encargaba a las instituciones seculares velar por la fe católica: “La Nación la resguarda por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra”.

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