la religión y la loce la enseñanza católica contribuye a

La política didáctica hace ya tiempo que se convirtió en un puesto de frontera ideológica, de campo de guerra cultural y antropológico, por medio de la que el Estado quiere tomar para sí la educación de las novedosas generaciones bajo la idea de una escuela única, pública y laica. Y es así como, con el motivo de una pretendida educación éticamente neutra, tiene por nombre caracteristica de un estado laico, persigue el propósito indisimulado de desarrollar una tarea magisterial y ética por medio de su escuela. Para hallar seguir en sus propósitos hay que tambalear esos «sitios creíbles» como es la escuela, impidiéndole anudar instrucción y educación a través de producciones normativas que procuran limitar la oferta de una educación en esos valores que den sentido a la presencia del hombre alén de su autorreferencialidad. Es de este modo como la LOMLOE (2020) forma un nuevo jalón en este desarrollo. De ahí que, la segunda modificación de la LOE (2006) traza, sin tapujos, 2 objetivos escenciales: limitar la oferta de una educación privada concertada, en la mayoría de los casos católica, como garantía del pluralismo educativo y limitar las opciones de la enseñanza religiosa escolar católico (ERE ), singularmente en los centros de titularidad estatal. Adjuntado con una manifiesta prioridad normativa por la red de centros públicos en la programación de la enseñanza, el primer propósito lo quiere por medio de la anulación de la demanda popular como método clave de concertación. El segundo, a través de el descarado desdibujo del ERE, transformándola en una subasignatura material y formalmente inane. La legitimidad de la presencia del ERE en el campo escolar, alén del plan natural, reside constitucionalmente en el derecho de los progenitores a seleccionar educación de sus hijos según sus convicciones (producto 27.3), en tanto que se proclama como propósito de la educación el pleno avance de la personalidad (producto 27.2). Pero la verdad es que, pese a este reconocimiento, en la práctica esta proclama habría quedado achicada en este país a un fácil flatus voces si no fuera por el Acuerdo sobre Enseñanza y Temas Culturales entre el Estado Español y la Iglesia católica de 1979 El cumplimiento de este deber en todo el mundo se reveló transcurrido el tiempo como el garante de la presencia del ERE en la escuela, forzando legalmente a los poderes públicos a asegurar esta presencia en las reformas educativas consecutivas. La regulación del estatuto jurídico del ERE contenida en el Acuerdo es meridianamente clara: de oferta obligatoria por los centros y de curso voluntario por la parte de los estudiantes. Hasta aquí, lo simple. El inconveniente viene con el segundo orden legal que precisa las condiciones curriculares en las que debe complementarse en las distintas etapas educativas: en condiciones comparables a el resto disciplinas escenciales.

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Y es en esta regulación de las condiciones curriculares donde la LOMLOE, siguiendo una inveterada tradición legislativa ahora iniciada con la LOGSE (1990) entra en clara contradicción con lo pensado en el Acuerdo, difuminando el contorno jurídico y curricular del ERE por tal reducirla a su mínima expresión. Vaya por enfrente que nuestra LOMLOE, exactamente la misma ahora hicieron la LOGSE y la LOE, ahora diferencia de la LOCE (2002) y la LOMCE (2013), tiene dentro el ERE en una pura predisposición agregada y no en la regulación concreta de las distintas etapas educativas, tal y como si con esto se quisiese mover que esta se ubica extramuros de la actividad didáctica propiamente esa, configurándola como materia sobrepuesta al currículo sin carácter rigurosamente académico. Disponemos aquí un primer elemento formal devaluador del ERE como especialidad primordial. Por otro lado, el desmontaje material del andamio curricular del ERE pivota en la LOMLOE sobre 2 ejes primordiales: uno, la desaparición de la asignatura opción alternativa; el otro, cuya calificación no sea de herramienta para en el momento en que los expedientes académicos entren en concurrencia. Dicho y hecho. El reciente Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Principal, que no contempla el ERE entre el grupo de las materias de la Educación Principal, viene a ofrecer carta de naturaleza a esos 2 ejes. En la Predisposición Agregada primera ahora establece que quienes no hayan optado por cursar enseñanzas de religión reciban la «adecuada atención didáctica» (como establecía la LOE). Consecuentemente, por el momento no hay una asignatura curricular espéculo o opción alternativa que equilibra la decisión de los estudiantes en genuinas condiciones de igualdad. no se tienen la posibilidad de impartir contenidos curriculares de otras materias, sí (en contraste a la LOE) se señala que se puede regentar al avance de las competencias clave ahora remarcar los puntos mucho más transversales del currículo (lo que entra en contradicción con aquella precaución ), y aquí puede incurrir en causa de discriminación respecto de los estudiantes que cursen el ERE, como ahora tuvo a bien señalar la jurisprudencia en el momento en que examinó aquellas «ocupaciones de estudio» elecciones que ingresó la LOGSE. Por otro lado, más allá de que la evaluación del ERE se efectuará en exactamente los mismos términos y con exactamente los mismos efectos que la del resto áreas de la Educación Principal, las puntuaciones que se hubiesen logrado en la evaluación de esta no se computarán en las convocatorias en las que deban ingresar en concurrencia. Esta medida, aparte de desincentivar que los estudiantes la cursen en los escenarios de ESO y Bachillerato, ayuda a difuminar la asignatura perdiendo la aptitud de concurrir con el resto de disciplinas, configurándola como una submateria. Es de aguardar que la ordenación curricular de las sobrantes etapas educativas prosiga exactamente la misma línea. Una cosa es que la regulación del ERE sea idéntica que el resto de materias escenciales y otra muy diferente es que, cuando menos, sea equivalente o en condiciones comparables a estas. La regulación que se desprende de la LOMLOE no responde a las demandas del Acuerdo de Enseñanza y Temas Culturales; no es bastante que la asignatura sea ofertada sino debe serlo en condiciones comparables a alguno del resto de materias, como lo es la validez de su evaluación frente terceros y una configuración curricular correcta, con una asignatura opción alternativa que lo sea verdaderamente.

  • José Manuel Murgoitioes instructor de Derecho Eclesiástico del Estado de la Facultad San Jorge

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