es posible impartir más religiones que la católica en espña

El estatuto académico de la enseñanza de la religión (así sea católico o de otras confesiones que tienen pactos con el Estado) todavía es un tema no solo de enfrentamiento, sino más bien de confrontación política en España. La optimización relativa del estatus de la religión en la reforma didáctica del gobierno del Partido Habitual (Ley Orgánica para la Optimización de la Calidad de la Educación, LOMCE) en relación a la legislación previo (Ley Orgánica de Educación, LOE) volvió a soliviantar a los incondicionales de remover la religión del currículo académico.

¿Es viable en España un enfrentamiento serio sobre el tema? Ajeno de prejuicios u opciones ideológicas, ¿se puede enmarcar la discusión solo en términos jurídicos y académicos? Los razonamientos contrarios a la enseñanza religiosa en la escuela acostumbran a carecer de rigor tanto jurídico como académico. El primordial razonamiento contra la enseñanza religiosa escolar es el eslogan «Fuera la Religión de la Escuela», lo que oculta la defensa de un modelo tan confesional (el laicista) como imponer a todos la enseñanza de la religión.

La separación siempre y en todo momento postergada

En temas de independencia religiosa, la tumultuosa historia del constitucionalismo español a lo largo del siglo XIX se tradujo en un incesante ir y venir entre la prohibición absoluta de profesar cualquier credo distinto del católico y la tolerancia de cultos, sin poner jamás en duda el peso de la Iglesia y de su fe en el Estado. Al tiempo que las constituciones inspiradas por el ideario absolutista acostumbraban a ser definitivos al proteger el monopolio del credo católico en las instituciones y la conciencia individual de los españoles, los contenidos escritos liberales no desbordaron, por norma general, el desengañado suplico de Blanco a los constituyentes de Cádiz: el catolicismo proseguiría siendo, suerte o enhoramala, la religión del Estado, más allá de que se habilitara un espacio de independencia aproximadamente extenso para otros credos. Esta fue la fórmula reiterada por las constituciones liberales en todo el siglo XIX y, asimismo, por la de 1869, fruto de una revolución política y, por consiguiente, mucho más favorece, cuando menos teóricamente, para agarrar las situaciones doctrinales de quienes habían levantado contra Isabel II y lo habían vencido. Pero no esta vez los liberales españoles se plantearon desarrollar la lógica de su doctrina hasta las últimas secuelas y detallar, en labras de la independencia que proclamaban, la separación siempre y en todo momento postergada entre la Iglesia y el Estado. De nuevo procuraron un deber con los ámbitos ultramontanos, con los neocatólicos a los que se dirige un diputado y escritor, Juan Valera, con quien Azaña sentiría una especial afinidad.

Alén de los rigurosos avatares políticos en los que el inconveniente espiritual tuvo un papel señalado en todo el siglo XIX, la timidez de los liberales en el momento de ofrecer la separación de la Iglesia y el Estado tuvo una consecuencia capital si bien no en todos los casos advertida: fortaleció el mito de la asociación fundamental entre España y el catolicismo, puesto que en una pelea ideológica tan enconada como la que encaró a liberales y absolutistas prosiguieron siendo pocas las voces que, como la de Arguelles o la de Blanco White, demandaron unas instituciones políticas desligadas del credo espiritual. La corriente primordial del liberalismo español quedó facultativa o de forma involuntaria empapada de integrismo y, por consiguiente, la pelea política continuó encerrada en el campo del catolicismo hasta bien entrado el siglo XX. La relevancia de la Constitución republicana de 1931, en cuya discusión Azaña proclamó que España había dejado de ser católica, esto es, que el Estado, no los españoles, había dejado de serlo, reside en que venía a recobrar la genealogía, en tantas ocasiones postergada y en tantas ocasiones derrotada, del liberalismo no integrista de este país. La victoria de Franco, caudillo de España por la felicidad de Dios, dejó establecer nuevamente el viejo emprendimiento de determinar a los españoles por la creencia. Reanudando exactamente el mismo alegato que Isabel y Fernando tras la toma de Granada, exactamente el mismo alegato que el diputado Inguanzo a lo largo del enfrentamiento sobre el producto 12 de la Constitución de Cádiz, un escritor español partidario de la rebelión militar contra la República. regresar a expresar con novedosas expresiones la vieja iniciativa: “Quien afirma ser español y no ser católico –escribió García Morente– no sabe lo que afirma”.

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