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La Iglesia Católica decidió tomar un papel mucho más activo para la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas y no indígenas en América latina en frente de los impactos de las ocupaciones extractivas. Así mismo se puede sintetizar el tenor de la audiencia temática del pasado 19 de marzo pedida por un grupo de organizaciones religiosas católicas reunidas en la Red Eclesial Pan Amazónica frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta fue la posibilidad a fin de que un conjunto de obispos, dirigidos por monseñor Pedro Barreto (arzobispo de Huancayo), proponga frente este organismo en todo el mundo una sucesión de casos, solicitudes y proposiciones similares con afectaciones de derechos y condiciones de vida de pueblos indígenas y no indígenas consecuencia de ocupaciones extractivas.

En su exposición, los obispos no solo enseñaron cinco casos simbólicos en los que se estaría ejemplificando la afectación de las condiciones de vida de conjuntos de personas en América latina gracias a acciones enlazadas con la actividad extractiva (como en la situacion) de lo que ocurrió en el Parque Nacional Yasuní en Ecuador, o en torno a las comunidades nativas próximas al Lote 116 en Perú, por refererir 2 de los ejemplos expuestos relacionados con la actividad de los hidrocarburos), sino -en la línea de este papel mucho más activo- presentaron un grupo de proposiciones, que tenemos en cuenta valiosas y para la deliberación. Entre estas, tenemos la posibilidad de refererir las próximas:

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Y sucede que en el Amazonas cada uno de ellos hace lo que puede. Mientras que las Fuerzas Armadas ejecutan ocasionales operativos para parar esta práctica ilegal, Darío Silva, presidente de las Autoridades Indígenas de Pedrera-Amazonas (AIPEA), afirma que al resguardo Curare Los Ingleses, formado por 212.000 hectáreas y vecino del Parc Río Pu instalaron el año pasado un puesto de control para evitar el ingreso de mineros y toda clase de personas no indígenas en el área cuidada con la meta de salvaguardar a los apartados.

«Ciertas balsas deseaban ingresar en el río Caquetá atravesando el río Bernat (que es un brazo del enorme afluente), pero se prohibió. La iniciativa es que, caso de que los apartados resuelvan salir, nosotros seamos los primeros en contactarles», afirma. Silva piensa que todos y cada uno de los resguardos tienen que integrar a los pueblos en aislamiento en sus proyectos de manejo, así como lo logró su red social a través de una resolución en el 2013. “Debemos separar un área para ellos, no solo para los Yurí y los Passé, entendemos que hay otros por el corregimiento Mirití-Paraná, por el Parque Chiribiquete y cerca de nuestros compañeros huitotos, por Araracuara, en Puerto Santander (Amazonas)”, añade.

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