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Jordi López Camps. La publicación en el BOE de la resolución de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial (Gobierno del Estado) donde se regula el currículo de la enseñanza de la Religión Católica de la Educación Principal y de la Educación Secundaria Obligatoria generó un enorme revuelo mediático y ciertas entidades civiles. Bastante estruendos, mucha sorna y broma, pero pocos análisis de fondo y varios fallos de apreciación. Todo es muy epidérmico y visceral. Si me lo dejan, es muy anticlerical. Es un anticlericalismo viejo que da la sensación de que siempre y en todo momento tiene alguna cuenta pendiente con la Iglesia católica. Todo este revuelo contrasta con el silencio que exactamente las mismas voces dispensaron a una resolución afín del 26 de noviembre de 2014 con relación al currículo de la religión Islámica. Mudos y en la jaula. Absolutamente nadie levantó la voz de una resolución que, en forma y fondo, es afín a la que se refiere a la resolución que perjudica a la enseñanza de la religión católica en el marco educativo.

El enfrentamiento habría de ser mucho más serio de lo que fué hasta la actualidad. Una primera cuestión a solucionar de manera clara y balanceada es de qué forma los progenitores ejercitan el derecho de asegurar la educación de los hijos en el contexto de la escuela pública. Es requisito solucionar este tema, en especial para las familias con opiniones religiosas. Dado que la escuela se ubique en la aconfesionalidad caracteristica de las instituciones públicas no supone marginar las convicciones religiosas de los progenitores y la proyección que tienen en la educación de los hijos. En lo personal, no acercamiento desacertado que el sistema educativo público ofrezca la oportunidad de la educación religiosa facultativa, y contemple una asignatura evaluable de cultura y también historia de las religiones en el currículo. El desconocimiento sobre los puntos básicos de las religiones hace difícil a bastante gente entender el sentido de muchas puntos del bien común de este país o comprender tener relaciones apropiadamente con ciudadanos adheridos a distintas religiones. Continuando mucho más en esa dirección, el inconveniente real es el régimen evaluable y computable que la ley Wert da en este momento a las religiones en los currículo educativo por norma general.

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